Para que las políticas, planes, programas e iniciativas sectoriales del gobierno se ejecuten adecuadamente en el territorio.
Para darle mayor alineamiento y cohesión a la acción de las autoridades del gobierno y del sector público en la región.
Reducir de forma importante el centralismo, redistribuyendo el poder en los niveles locales, regionales y nacionales; desconcentrando las competencias y asignando de un modo justo los recursos en las regiones.
Fortalecer los procesos de planificación y financiamiento del desarrollo local y regional con criterios de equidad.
Dar seguimiento a las iniciativas del gobierno y la inversión en los territorios.
Lograr una comunicación más fluida con la sociedad civil y una relación más horizontal y democrática entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad.
Realizar ajustes y propuestas que mejoren la calidad de la acción del gobierno en el territorio, logrando mayores niveles de eficiencia.
